El gobierno de Guatemala defendió este jueves la decisión de no renovar el mandato de una comisión CICIG de la ONU y prohibir el ingreso al país de su jefe, a pesar de las duras críticas que provocó dentro y fuera del país.

El presidente Jimmy Morales, en una declaración a la prensa, justificó la decisión al no poder alcanzar un consenso con el secretario general de la ONU, António Guterres, sobre la actuación del colombiano Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El mandatario aseguró que la presencia de Velásquez en el país es un riesgo "al orden, la seguridad pública y la gobernabilidad del país".

Dijo que la decisión de prohibir el martes el regreso de Velásquez a Guatemala fue recomendada por el Consejo de Seguridad Nacional, y no "violenta o rompe el constitucional de Guatemala".

Morales prohibió el ingreso al país a Velásquez, cuatro días después de anunciar que no renovará el mandato de la Cicig, dependiente de la ONU, el cual vence en septiembre de 2019.

Las decisiones se tomaron en momentos en que la Cicig y la Fiscalía pidieron levantar la inmunidad del mandatario para investigarlo por financiamiento ilícito en los comicios de 2015, cuando fue electo presidente.

Morales pidió a la ONU nombrar un sustituto hasta el fin de su mandato, pero Guterres indicó que Velásquez, un exmagistrado colombiano, seguirá al frente de la Cicig desde el exterior.

Velásquez, quien se encuentra en Estados Unidos, estaba en la mira del gobierno desde hace un año cuando pidió, junto a la Fiscalía, levantar los fueros a Morales para investigarlo por presunto financiamiento electoral ilícito.

El Congreso rechazó ese pedido, pero la Cicig y la Fiscalía renovaron la solicitud en julio pasado.

Sectores humanitarios, indígenas, académicos, campesinos y universitarios rechazaron la decisión del presidente y advirtieron que la crisis puede desembocar en una fractura institucional.

Ante ello, el gobernante dijo este jueves que respetará el mandato de la entidad y aseguró que la no renovación de la prórroga no es por asunto personal y que no afectará las investigaciones de casos de corrupción.

Morales reiteró también que su gobierno está comprometido con "la transparencia, la lucha contra la corrupción y una justicia independiente, imparcial y objetiva".

Asimismo aseguró que después de once años de trabajo de la Cicig en el país, las instituciones se han fortalecido y "ahora es tiempo que el Estado de Guatemala asuma con liderazgo, autonomía y objetividad los retos de seguridad y justicia".

- "Estructura paralela" -

Además, el mandatario lamentó "la pasividad" de la ONU para atender sus reclamos sobre las acciones de la Cicig.

En tanto, la canciller Sandra Jovel, dijo que la Cicig se convirtió en un ente paralelo incrustado en el Estado, similar a aquellos que debía combatir desde su creación en 2006.

"La Cicig se convirtió en una estructura paralela a imagen de los aparatos que estaba destinada a combatir", afirmó Jovel.

Ante ello, Jovel pidió al secretario general de la ONU "para que de manera imparcial e inmediata atienda la preocupaciones de un Estado miembro de la organización".

"Señor secretario general, usted está al servicio de los Estados miembros, es inaceptable y contrario a los propósitos de Naciones Unidas que pretenda constituirse en una instancia supranacional", afirmó.

Aseguró que Guterres y su equipo ignoraron las preocupaciones del gobierno de Guatemala.

La jefa de la diplomacia comentó que las acciones de Velásquez "han vulnerado y violentado los derechos de los guatemaltecos e irrespetando las garantías procesales, polarizando además a la sociedad al abusar y extralimitarse en su mandato".

En tanto, la fiscal general Consuelo Porras en un comunicado llamó al gobierno guatemalteco y a la ONU a "hacer sus mejor esfuerzo" para llegar a un acuerdo "en aras" de la paz y convivencia social.